¿Por qué el Estado debe ser controlado? ¿Qué relación tiene el control con la vida democrática?

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El filósofo Aristóteles usó el término “zoon politikón” (animal político) para describir al ser humano, en referencia al contraste con seres vivos, puesto que posee la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y formas de organización en estas sociedades. Estas formas de organizaciones primarias que datan desde hace 10 mil años, dieron como resultado hace tan solo 500 años la aparición del Estado.

Estos Estados nacen porque todos los seres humanos ceden parte de su libertad a una organización superior, estableciendo una suerte de “contrato social” entre las autoridades y los gobernados. Esta especie de contrato social tiene distintas interpretaciones. Thomas Hobbes (1588-1679) definió que el pueblo, que vivía en un estado violento de naturaleza, necesitaba a este Estado, a quién denominó Leviatán, para dar libertad a la humanidad, sin presión de un temor continuo y el peligro de una muerte violenta. John Locke (1632-1704) defendía la idea de un contrato social entre autoridades y pueblo para que los primeros preservaran el derecho de la propiedad de los segundos, quienes abandonaban su libertad. Por último, Rousseau (1712-1778) hablaba del contrato social, en razón de que todos los ciudadanos forman un cuerpo político del cual saldrá la voluntad general, que es el bien común, porque la libertad de uno depende de la libertad de todos.

Sin embargo, la idea de la cesión de parte de mi libertad a una entidad superior genera gran debate en las ciencias sociales, puesto que surge la interrogante acerca de hasta dónde puede llegar esa cesión, donde termina lo individual, lo que definimos como privado, y comienza lo que definimos como público, hasta donde debe llegar la intervención del Estado en la sociedad. Uno de los grandes argumentos en contra de los teóricos del contrato social es que los Estados contemporáneos surgieron por la sumisión de voluntades a través de la fuerza, siendo en gran medida un Estado de guerra autoritario. Y es esta una de las razones que defendemos la necesidad de que exista control del rol del Estado en la sociedad.

Un Estado que es controlado, empieza a adquirir propósitos más acordes a los deseos de la sociedad que en este hacen vida, o por lo menos, de sectores en esa sociedad que puedan tener mayor influencia o representación a la hora de tomar decisiones. También, cuando se limitan las funciones del Estado, se evita que una facción ganadora en un fenómeno político determinado pueda usar al mismo Estado y su poder, para extender su control sobre la población con el uso de la violencia. Históricamente podemos ver que el Estado asume responsabilidades que han venido consolidándose desde su surgimiento. El recorrido inicial de estas funciones durante el absolutismo dejaba pocos espacios para una relación desde el gobernante al gobernado y sólo el primero podía hacer uso y abuso de su poder casi sin ningún límite. Sin embargo, surgía paulatinamente la idea de que todo monarca, por más absoluto que fuera, debía promover los mecanismos para que su pueblo considerase justificado su accionar.

Este hecho empieza a acentuarse luego de la revolución francesa, cuando crece la noción de pueblo como cuerpo capaz de asumir funciones concretas, como juzgar y condenar al rey, en el marco conjunto de principios y valores. Otro elemento que aporta sobre el control del Estado está relacionado con las cosas debe hacer o no hacer este en la sociedad. Janet Kelly (2003) establece que el fin del Estado es satisfacer los intereses de la sociedad, sin embargo, para una gran mayoría decidir a qué cosas debe o no dedicarse un Estado incluiría una gran lista de ítem que se consideren necesarios a la hora de hacer feliz a la gente.

Sin duda alguna, el Estado se afina en el cumplimiento de ciertos servicios primordiales, por lo que, a su vez, construye un sistema impositivo para recibir de cada vez más contribuyentes, en favor de bienes y servicios que cobran trascendencia para la sociedad más allá de la seguridad y la justicia, por ejemplo, la educación masiva (Dominguez, 2011). Pero, ¿Por qué tengo un Estado en Venezuela administrando areperas, heladerías, vendiendo neveras, cuando no puede garantizar eficientemente la seguridad y el orden público a sus ciudadanos? De acuerdo al informe anual presentado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en 2015 hubo 17.778 asesinados, con una terrible y escandalosa tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se ha determinado que el 82% de los homicidios que ocurren en el país son por armas de fuego, y el Estado no puede hacer frente a esto, pero desea garantizar que yo tenga acceso a bienes de primera necesidad produciéndolos él.

El Estado debe brindar servicios cuya provisión de su parte puede ser justificada de diversas maneras. Sin embargo, no cabe duda que, como proceso de producción, habrá costos y se requerirá su financiamiento, para lo cual la sociedad deberá laborar y producir con excedentes suficientes para financiar cualquier tarea productiva asignada al Estado. Este hecho nos hace pensar, si la sociedad es la que paga el funcionamiento del Estado, cabe preguntarse si algunos de los bienes o servicios que se espera que produzcan deben ser encargados realmente al Estado. ¿Toda actividad productiva debe ser hecha por el Estado?, ¿el Estado debe intervenir en todas las áreas de la sociedad?, Si existen privados que hacen el trabajo más eficiente, ¿Por qué al Estado se le debe asignar esa tarea?

Cuando pensemos en una tarea analicemos primero, ¿Para qué usar al Estado en este fin? ¿lo hará mejor, con mayor calidad, eficacia y eficiencia, es decir, mejor y a menor costo? ¿Será que existe la posibilidad de que el Estado se distraiga de funciones básicas como seguridad, defensa, administrar justicia, salud pública, entre otros, por dedicarse a producir autos, pañales, helados, administrar hoteles? El Estado administra hoteles cinco estrellas, los cuales licitan por millones de dólares para su remodelación, pero observemos como está el suministro de agua potable y tratamiento de aguas servidas; como está la prevención de enfermedades a través del saneamiento, la vacunación, fumigación entre otros, o la situación de los hospitales y ambulatorios en Venezuela.

Y esto es solo viendo el aspecto del costo, por no hablar de las dificultades gerenciales y directivas que involucra la administración del Estado. Por estas limitaciones, los bienes y servicios públicos no suelen alcanzar el nivel competitivo de bienes y servicios similares en el sector privado. Por ello, debemos ser aún más estrictos a la hora asignar funciones al Estado, es decir, controlar más su rol en la sociedad. Porque deben tratarse de bienes y servicios de gran necesidad social, no provistos de forma convencional y competitiva por los privados, cuyo costo pueda ser alto, pero mida nuestro interés como sociedad por dotarnos de estos bienes y servicios, inevitablemente costosos.

Sobre el otro punto, la relación que tiene el control del Estado con la vida democrática, es una relación enmarcada en la legitimidad que otorga y la gobernabilidad que ofrece la segunda al primero. La democracia moderna puede verse como un sistema perfectible, por cuanto esta se permite adaptarse a los cambios que son suscitados en la dinámica social actual. Sodaro (2006) enumera cuatro propósitos que permiten resaltar las ventajas que pueda tener este sistema. El autor señala que una es mejorar la calidad de vida y dignidad del individuo, además da la libertad de que todos los ciudadanos participen de forma significativa en los asuntos de la comunidad, promoviendo la igualdad política. Un segundo propósito tiene que ver con la búsqueda de discernir y hacer cumplir los deseos de la comunidad. Un tercer propósito es limitar las dimensiones del poder al imponer límites legales a la autoridad de los cargos públicos. Por último, la democracia busca reducir los antagonismos sociales.

De igual forma. la democracia siempre se va a presentar como la mejor forma de organización social, en cuanto a que el principio clave para definir el gobierno democrático es la representación basada en elecciones competitivas, libres y limpias; permitiendo como idea general, que la democracia da la potestad a sus ciudadanos de determinar quiénes serán aquellos que los gobiernen. La democracia exige a los actores estratégicos dentro de un territorio tengan un carácter equitativo en el marco de los procesos de negociación.

En su relación con la gobernabilidad, la democracia añade exigencias muy estrictas a la primera en relación al comportamiento de los actores estratégicos. La gobernabilidad democrática exige que estos actores se comporten conforme a las fórmulas de un sistema democrático; es decir:

“Resuelven sus conflictos y acatan y cumplen las decisiones emanadas del legislativo y del ejecutivo procedentes ambos de un proceso electoral producido en un entorno de libertades políticas y derechos fundamentales, quedando prohibidas las fórmulas públicas o privadas que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos o las otras garantías constitucionales, todo garantizado en último término por un poder judicial independiente e imparcial.” (Prats, 2001, 140)

En contraposición a este hecho, si estos actores recurren a prácticas tales como fraude electoral; barreras a la participación política; reconocimiento de ámbitos de poder no sujetos a las autoridades elegidas; prebendarismo y clientelización; corrupción… es posible, aunque poco probable que dichas fórmulas informales puedan procurar gobernabilidad, pero en absoluto gobernabilidad democrática (Prats, 2001). En otras palabras, no es suficiente con la existencia de fórmulas, reglas o procedimientos formalmente democráticos, la exigencia de gobernabilidad democrática no se centra en puros aspectos formales e institucionales, “se plantea analizar el comportamiento de los actores estratégicos para verificar si éstos se comportan y resuelven sus conflictos efectivamente conforme a las fórmulas democráticas formalmente establecidas.” (Prats, 2001; 141).

De algún modo, la democracia permite que los ciudadanos puedan mantener control sobre la actuación del Estado, en un entorno de libertades y derechos fundamentales. Permite la alternancia entre los actores estratégicos de la sociedad y da la posibilidad de revocar mandatos.